Promovemos el acceso a
la tutela judicial efectiva

Quiénes
somos/

El Bufete Jurídico Social del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados es un equipo de profesionales asociados al Colegio, especializados en las diferentes ramas del Derecho, dedicados a promover una representación legal efectiva, con el fin de que las personas físicas o morales obtengan una representación profesional con pleno respeto a los derechos humanos, a pesar de que dichas personas no cuenten con suficientes recursos económicos para obtener una defensa, representación y asesoría legal de calidad, o bien, que se encuentren en un estado de vulnerabilidad.

 

Parte fundamental de nuestro modelo de atención es el involucramiento de estudiantes de Derecho de diferentes Universidades en el país, quienes realizan su servicio social, como parte de su proceso de titulación, inculcando en ellos la cultura Pro Bono en su formación en los inicios de su ejercicio profesional.

A nuestro equipo de Abogados Pro Bono le son asignados los casos para su atención hasta su total conclusión, con el más alto nivel de profesionalismo; una vez designado dicho Abogado Pro Bono tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que un Abogado particular.

 

Entre las actividades del Bufete Jurídico Social se encuentran las siguientes:

  1. Capacitación sobre temas selectos jurídicos.
  2. Atención de casos de particulares y empresas, tales como:
    • Formas alternas de solución de controversias
    • Litigio penal, civil y mercantil
    • Asesoría en materia contractual
    • Corporativo
    • Propiedad Intelectual

Promover el acceso a una representación legal efectiva, con el fin de que las personas físicas o morales obtengan una defensa profesional con pleno respeto a los derechos humanos, a pesar de que dichas personas no cuenten con suficientes recursos económicos para obtener una defensa, representación y asesoría legal de calidad, o bien, que se encuentren en un estado de vulnerabilidad.

El ejercicio de la Justicia Gratuita, basada en el principio de la tutela efectiva y en el principio de igualdad y acceso a la justicia logrando un verdadero impacto social, mediante acciones concretas y medibles de “defensoría y asistencia jurídica gratuita”.

Responsabilidad: Cada Abogado Pro Bono defenderá y asesorará legalmente de principio a fin  el asunto designado y lo hará con total responsabilidad y sentido del deber como si lo hiciera contra el pago de una contraprestación. Será medido por su desempeño y efectividad.

 

Legalidad: Cada Abogado Pro Bono actuará en estricto apego a leyes y reglamentos vigentes en México o en el extranjero, cuando se trate, en este último caso, de normatividad que también sean aplicables.

 

Probidad y honradezCada Abogado Pro Bono actuará con probidad y honradez, bajo los máximos estándares éticos y conforme al Código de Ética del INCAM.

 

Solidaridad y Responsabilidad Social Los Abogados Pro Bono actuarán solidariamente, defendiendo y/o representando y/o asesorando gratuitamente a aquellas personas que no cuenten con recursos para obtener defensa, representación y/o asesoría legal de calidad o que, independientemente de su situación económica, se encuentren en un estado de vulnerabilidad (por ejemplo víctimas de violencia de género, migrantes, menores de edad, personas con discapacidad y/o víctimas de terrorismo). Se inculca en nuevas generaciones el valor de solidaridad al involucrar como parte de su servicio social a pasantes de derecho de distintas universidades en cada asunto.

 

Neutralidad: Los asuntos turnados a los Abogados Pro Bono no responderán a intereses particulares, con fines políticos o partidistas.

 

JusticiaLos Abogados Pro Bono promoverán el acceso a la tutela judicial efectiva, obteniendo así justicia y el respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución, leyes, reglamentos y tratados internacionales.

CONOCE NUESTRA ATENCIÓN PRO BONO/

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Organigrama/

Director del Bufete Jurídico Social

Denise Guillén

Coordinación Administrativa

Adriana Lozano
Gregorio Barco

Director Adjunto

Julio Copo

Coordinación Operativa

Julio Copo
Sergio Haro
Yubani Ramírez
Christian Zinser

Coordinaciones por Materias o Especialidad

Comercial/ Corporativo: Alejandro Zeind
Laboral: Eric Roel
Mediación: Antonio Prida
Familiar/Civil/ Derechos Humanos: Christian Zinser
Penal: Eduardo Amarena
Organizaciones Sociales: Sergio Haro
Fiscal/Administrativo: Yubani Ramírez
Notarial: Joaquín Cáceres
Atención a Víctimas: Yubani Ramírez
Coordinación Asesora: TBD (expertos no abogados)

Coordinaciones/

Comercial

Corporativo

Laboral

Mediación

Familiar

Civil

Derechos Humanos

Atención a víctimas

Penal

Fiscal

Administrativo

Asistencia Notarial

Organizaciones Sociales

Comisiones de trabajo/

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Comercial
Corporativo
Laboral
Mediación
Familiar
Civil
Derechos Humanos
Atención a víctimas de violencia
Penal
Fiscal
Administrativo
Sucesorio
Psiquiatría

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Promover el acceso a la tutela judicial efectiva, así como, de manera preferente, a foros alternos de solución de controversias, tales como el arbitraje y la mediación, con el fin de que la persona obtenga una representación profesional con pleno respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en las leyes y reglamentos vigentes, a pesar de que dichas personas no cuenten con suficientes recursos económicos para, de otra manera,  obtener una defensa, representación y asesoría legal de calidad, o bien, que, independientemente de su situación económica, se encuentren en un estado de vulnerabilidad (por ejemplo víctimas de violencia de género, menores de edad, personas con discapacidad, migrantes, y/o víctimas de terrorismo), mediante la designación por parte del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de un Abogado Pro Bono que preste servicios de asesoramiento, representación y defensa legal, sin costo, por el bien público (pro bono). El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (“INCAM”), a través del BJS será el encargado de designar al Abogado Pro Bono del asunto correspondiente y, una vez designado, el Abogado Pro Bono tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que un Abogado particular.

El ejercicio obligatorio de la Justicia Gratuita, basada en el principio de la tutela efectiva y en el principio de igualdad y acceso a la justicia  logrando un verdadero impacto social, mediante  acciones concretas y medibles de “defensoría y asistencia jurídica gratuita” de las personas que no cuenten con suficientes recursos económicos para su defensa, representación y asesoría legal, o bien, aquellas personas que, independientemente de su situación económica, se encuentren en un estado de vulnerabilidad.

Responsabilidad: Cada Abogado Pro Bono defenderá y asesorará legalmente de principio a fin  el asunto designado y lo hará con total responsabilidad y sentido del deber como si lo hiciera contra el pago de una contraprestación. Será medido por su desempeño y efectividad.

 

Legalidad: Cada Abogado Pro Bono actuará en estricto apego a leyes y reglamentos vigentes en México o en el extranjero, cuando se trate, en este último caso, de normatividad que también sean aplicables.

 

Probidad y honradezCada Abogado Pro Bono actuará con probidad y honradez, bajo los máximos estándares éticos y conforme al Código de Ética del INCAM.

 

Solidaridad y Responsabilidad Social Los Abogados Pro Bono actuarán solidariamente, defendiendo y/o representando y/o asesorando gratuitamente a aquellas personas que no cuenten con recursos para obtener defensa, representación y/o asesoría legal de calidad o que, independientemente de su situación económica, se encuentren en un estado de vulnerabilidad (por ejemplo víctimas de violencia de género, migrantes, menores de edad, personas con discapacidad y/o víctimas de terrorismo). Se inculca en nuevas generaciones el valor de solidaridad al involucrar como parte de su servicio social a pasantes de derecho de distintas universidades en cada asunto.

 

Neutralidad: Los asuntos turnados a los Abogados Pro Bono no responderán a intereses particulares, con fines políticos o partidistas.

 

JusticiaLos Abogados Pro Bono promoverán el acceso a la tutela judicial efectiva, obteniendo así justicia y el respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución, leyes, reglamentos y tratados internacionales.

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